Zefzafi: La legitimidad de las demandas sociales y la trampa del deslizamiento

La historia comenzó en una fría noche de otoño de octubre de 2016, cuando la tranquila ciudad de Alhucemas se vio sacudida por un trágico incidente que se cobró la vida del joven vendedor de pescado Mohcine Fikri dentro de un camión de basura compactadora. Esto llevó a los residentes a salir a las calles en marchas espontáneas llenas de dolor e indignación, enarbolando consignas que exigían justicia, dignidad y la apertura de una investigación transparente para determinar responsabilidades. Aquel momento fue la chispa de lo que se conoció mediática y popularmente como el «Hirak del Rif», donde las voces de los ciudadanos se unieron en torno a una plataforma de demandas sociales y de desarrollo clara, cuyo núcleo se centró en la construcción de un hospital especializado para el tratamiento del cáncer, la creación de un núcleo universitario, la ruptura del aislamiento geográfico mediante la finalización de las infraestructuras y la provisión de oportunidades de empleo para los jóvenes de la región. En medio de aquellas concentraciones de masas, emergió el nombre de Nasser Zefzafi, un joven sin pasado en la acción partidista o sindical organizada, pero que poseía una voz potente, un lenguaje corporal apasionado y una notable capacidad para tocar las fibras sensibles y apelar al sentimiento popular en darija mezclada con rifeño. En pocas semanas pasó de ser un manifestante común a un orador de plazas y portavoz no oficial de los manifestantes, en marchas que en sus inicios mantuvieron una total pacificación, en medio de una amplia simpatía nacional y una comprensión oficial de la legitimidad de unas demandas que nunca habrían llevado a su autor a la cárcel en un país que presencia miles de concentraciones pacíficas anuales bajo el paraguas de la constitución de 2011.

Sin embargo, una lectura profunda de las interioridades de aquella etapa revela que el movimiento nació y creció en un momento político sumamente complejo, que coincidió con lo que se conoció en Rabat como el «bloqueo» o estancamiento gubernamental posterior a las elecciones legislativas de octubre de 2016. Las consultas políticas para formar gobierno entraron en un callejón sin salida que duró cerca de seis meses, lo que hizo que el país fuera administrado por un gobierno de gestión de asuntos corrientes con competencias e iniciativas limitadas. Esta parálisis gubernamental creó un vacío político y de comunicación peligroso en la provincia de Alhucemas, acompañado de una lucha de facciones ocultas y liquidación de cuentas partidistas entre las élites locales y regionales, a cuya cabeza estaban dirigentes que lideraban la escena en la región de Tánger-Tetuán-Al Alhucemas en ese momento, encabezados por Ilyas El Omari, quienes intentaron al principio contener políticamente el movimiento antes de perder por completo el control de la calle. Este letal vacío institucional dejó el campo libre para el auge del discurso incendiario de Zefzafi, quien cometió su primer error estratégico al transformar el movimiento de protesta en un fenómeno personalista, cortando todos los puentes de comunicación al adoptar un discurso de acusación radical con el que descalificó a todas las instituciones intermedias, incluidos partidos, sindicatos, asociaciones y cargos electos, tachándolos de «tiendas políticas» y «peones», convirtiéndose a sí mismo en el único interlocutor y referente absoluto de la calle.

Con la prolongación de las protestas, entraron en juego partes externas que vieron en la ebullición de Alhucemas una presa fácil y una oportunidad histórica para ajustar cuentas con el Estado marroquí. Es aquí donde emergió el hilo oculto más peligroso que cambió la naturaleza del expediente de un movimiento social a un asunto que afectaba a la seguridad interior del Estado: la red holandesa «Rosendal», liderada por el exparlamentario marroquí fugado a los Países Bajos Said Chaou, fundador del llamado «Movimiento 18 de Septiembre para la Independencia del Rif».

Los servicios de seguridad e inteligencia marroquíes detectaron el flujo de fondos, transferencias financieras y una orientación mediática organizada desde el extranjero destinada a internacionalizar la causa y empujar a los jóvenes del movimiento hacia un enfrentamiento directo con las fuerzas públicas. Esto provocó en su momento una aguda crisis diplomática entre Rabat y Ámsterdam, que llegó al extremo de que Marruecos llamara a consultas a su embajador en La Haya para exigir la entrega de Chaou. Entre bastidores sobre el terreno, las páginas financiadas desde el extranjero practicaron una especie de «terrorismo de traición» contra cada voz moderada dentro de Alhucemas. Cuando el Estado envió una delegación ministerial de alto nivel en mayo de 2017 para acelerar los proyectos, los activistas y miembros de asociaciones que abogaron por sentarse a la mesa de diálogo sufrieron feroces campañas de difamación que los acusaban de «vender la causa». El propio Zefzafi se convirtió en rehén del éxtasis de las «transmisiones en directo» y del extremismo de los radicales en Europa, por lo que en las plazas se izaron banderas históricas regionales con la ausencia deliberada de la bandera nacional, y emitió declaraciones peligrosas que atentaban contra la unidad territorial del reino y hostigaban a las instituciones de seguridad y soberanía.

Este desliz alcanzó su cenit dramático el viernes 26 de mayo de 2017, día que marcó el punto de no retorno y el grave error penal que despojó a Zefzafi de su cobertura pacífica. Mientras el imán de la mezquita «Mohammed V» en Alhucemas pronunciaba el sermón del viernes hablando de los valores de seguridad y estabilidad y advirtiendo contra la discordia (fitna), Zefzafi lo interrumpió entre las filas de los fieles con gritos frenéticos, avanzando hacia el minarete y convirtiendo la casa de culto en un escenario de disputa política, gritando su famosa frase documentada por las cámaras: «¿Son estas mezquitas las casas de Dios o las casas del Majzén?», y añadiendo en tono provocador: «¿Quiénes son los sediciosos? ¿Nosotros que exigimos un hospital y una universidad o ustedes?». Este acto no fue una mera protesta pasajera, sino una flagrante violación de los artículos 221 y 222 del Código Penal marroquí, que tipifican como delito la obstaculización de la libertad de culto, y una grave agresión a la santidad de las mezquitas, que forman parte de la seguridad espiritual de los marroquíes vinculada exclusivamente a la Comandancia de los Creyentes. La Fiscalía emitió inmediatamente una orden de detención, siendo arrestado pocos días después de su fuga y remitido junto con sus compañeros a la sala de lo penal del Tribunal de Apelación de Casablanca.

Durante el juicio, que acaparó la atención de la opinión pública nacional e internacional, las lecturas de derechos humanos se dividieron en dos ángulos. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, además de algunas asociaciones locales, centraron sus críticas en la dureza de las sentencias dictadas en junio de 2018, que condenaron a Zefzafi a veinte años de prisión firme, considerando que el juicio estuvo plagado de restricciones y que el origen del movimiento era reivindicativo y pacífico. Por el contrario, el Consejo Nacional de Derechos Humanos y las instituciones oficiales explicaron con pruebas irrefutables que el Estado no juzgó la libertad de expresión, sino que juzgó actos delictivos comprobados que incluyeron conspiración, recepción de financiación sospechosa para desestabilizar la estabilidad, incitación que provocó la quema de edificios y heridas a cientos de elementos de las fuerzas públicas de diversa gravedad, y el asalto a una de las casas de Dios. Paralelamente a esta resolución judicial, el Estado marroquí demostró que no actúa con una lógica puramente de seguridad, sino que abrió una rigurosa investigación a través del Tribunal de Cuentas sobre las razones del retraso en los proyectos de «Alhucemas, Faro del Mediterráneo», lo que condujo en octubre de 2017 al llamado «terremoto político», en el que el rey Mohammed VI destituyó a varios ministros en ejercicio y castigó a exministros y a decenas de responsables territoriales cuya negligencia en el servicio a los residentes de la provincia quedó demostrada, en un elocuente mensaje de que el Estado reconoce la legitimidad de las demandas sociales y pide cuentas al responsable negligente, pero nunca tolera a quien viola la ley o juega con la seguridad de la patria.

Los capítulos de la historia no se detuvieron tras los muros de la prisión de «Oukacha» en Casablanca o más tarde en la cárcel de Tánger, sino que entre bastidores se desarrollaron negociaciones tranquilas y mediaciones humanitarias y políticas lideradas por estadistas y destacados defensores de los derechos humanos, a cuya cabeza estuvo el difunto Ahmed Herzenni, expresidente del Consejo Consultivo de Derechos Humanos, con el objetivo de formular una salida que condujera a cerrar definitivamente el expediente. La idea se basaba en que los detenidos firmaran un documento de revisión política en el que confirmaran su apego a las constantes nacionales y a la unidad territorial del reino, cerrando el camino a los explotadores separatistas en el extranjero, sin menoscabar su dignidad. Este camino dio lugar de hecho a la promulgación de un indulto real en sucesivas tandas mediante el cual cientos de jóvenes del movimiento abandonaron los muros de las prisiones y regresaron a sus vidas normales. Sin embargo, la obstinación del núcleo duro en el último momento y la aparición de discrepancias internas entre ellos seguidas de filtraciones de audio desde el interior de la prisión en el año 2019 obstaculizaron la culminación de dicha iniciativa en su momento, por lo que el expediente de Nasser Zefzafi y los que quedan con él sigue siendo objeto de continuos llamamientos civiles y de derechos humanos que aspiran a que el camino de la gran reconciliación de desarrollo experimentada por Alhucemas en los últimos años culmine en un momento de distensión humanitaria integral, después de que todos hayan comprendido la profunda lección histórica de que la nobleza de las demandas sociales nunca puede lograrse saltando hacia lo desconocido o apostando con la estabilidad de las patrias.