Las urnas en Israel han arrojado un complejo panorama parlamentario que augura la entrada del país en un nuevo túnel de parálisis institucional; los bloques políticos rivales no han logrado asegurar el umbral decisivo de 61 escaños para formar gobierno, en medio de una participación histórica cercana al 77,7%, la más alta desde 1999, lo que ha convertido todo el proceso electoral en un referéndum abierto que no ha puesto fin ni a la crisis de legitimidad ni a la lucha por la supervivencia política.
Los resultados finales del recuento de votos han consagrado un retroceso notable del bloque de la derecha y la extrema derecha liderado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, cuya representación cayó de 64 escaños en la Knéset de 2022 a 53 escaños; distribuidos entre el partido Likud (27 escaños), los movimientos Shas y Sionismo Religioso (6 escaños cada uno), además de Judaísmo Unificado de la Torá y Otzma Yehudit (7 escaños cada uno). Por el contrario, el bloque de la oposición encabezado por el exjefe del Estado Mayor del Ejército Gadi Eizenkot se mantuvo en 48 escaños, liderado por su naciente partido "Yashar" con 21 escaños, seguido por la alianza "Yaad" liderada por Naftali Bennett y Yair Lapid con 12 escaños, luego el partido "Demócratas" con 8 escaños, y "Israel Beitenu" liderado por Avigdor Lieberman con 7 escaños.
El cambio más importante se reflejó en el ascenso histórico de la representación de los palestinos del interior, al obtener las dos listas árabes 19 escaños (11 escaños para la "Lista Conjunta" y 8 escaños para la "Lista Árabe Unida"), la presencia parlamentaria más amplia de su historia en la Knéset, lo que los situó en el centro de los cálculos tácticos a pesar de los intentos de exclusión política sistemática. Este escenario coincidió con la caída de varias listas partidistas y de protesta por debajo del umbral electoral (3,25%), incluidos movimientos que representan a soldados reservistas y corrientes económicas emergentes; la disipación de cientos de miles de estos votos fuera de los muros de la Knéset profundizó el déficit aritmético de ambos bloques, privando a cualquiera de ellos de beneficiarse del excedente de escaños para romper el punto muerto negativo.
En una medida preventiva que reflejó la agudeza de la polarización, el bloque de la oposición no esperó el inicio de las consultas presidenciales oficiales por parte del presidente Isaac Herzog; más bien se apresuró a activar su fuerza numérica combinada con los diputados árabes, que asciende a 67 escaños, para avanzar hacia la destitución del presidente de la Knéset, Amir Ohana, perteneciente al Likud, e imponer un nuevo presidente para el consejo legislativo con el fin de garantizar el control sobre la agenda parlamentaria. Esta medida encontró una férrea resistencia por parte del Likud, que exigió la suspensión inmediata de los procedimientos de votación, considerando que depender de los votos de los bloques árabes carece de mandato político legítimo.
Estos movimientos coincidieron con la intensificación por parte de Netanyahu y sus aliados del tono de cuestionamiento sobre la integridad de los resultados, a través de acusaciones de "fraude sistemático" e "interferencias extranjeras" que financiaron el ascenso de las listas árabes, en un intento por absorber el impacto de la pérdida de la mayoría. Sin embargo, esta narrativa chocó rápidamente con las posturas decisivas de las instituciones oficiales; la Comisión Electoral Central negó la existencia de cualquier fraude a gran escala, confirmando la estabilidad en la distribución de escaños incluso después del recuento de cientos de miles de "sobres dobles", mientras que la policía israelí confirmó la ausencia de cualquier indicio o prueba de inteligencia que respalde la hipótesis del robo de votos, y el servicio de seguridad interior (Shin Bet) limitó sus investigaciones a intentos de influencia cibernética extranjera que no afectaron la esencia del proceso de recuento sobre el terreno. A nivel diplomático, el Ministerio de Exteriores de Catar negó categóricamente las afirmaciones israelíes sobre el apoyo a cualquier parte, considerándolas una instrumentalización de agendas partidistas estrechas, algo que fue subrayado por los líderes de las listas árabes, quienes denunciaron las campañas de incitación y difamación.
Hoy en día, cualquier figura encargada de formar gobierno se enfrenta a una compleja red de minas políticas; comenzando por la insistencia de los partidos ultraortodoxos en aprobar una legislación que exima a los estudiantes de los seminarios religiosos del servicio militar —una línea roja para los partidos "Yashar" e "Israel Beitenu"—, pasando por el veto a la alianza con los partidos árabes que rechazan figuras de la oposición como Lieberman y Bennett en paralelo con las estrictas condiciones impuestas por Eizenkot sobre la identidad sionista, hasta llegar al nudo de Netanyahu, representado por el firme rechazo de la oposición a sentarse bajo su presidencia frente a la insistencia del Likud en mantenerlo como el único líder de esta etapa. Ante este callejón sin salida compuesto, el escenario israelí parece estar gobernado por opciones extremadamente estrechas: o bien un camino arduo para formar un frágil gobierno de unidad nacional, o bien la permanencia de Netanyahu al frente de un gobierno en funciones durante un largo período, lo que podría reanudar la secuencia de acudir a las urnas y consagrar la parálisis política interna.
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