Washington acorrala a la justicia internacional para proteger a la ocupación

La confrontación abierta que libra Estados Unidos contra el camino de la justicia internacional ya no se limita al terrorismo individual o a la persecución selectiva de jueces y fiscales, sino que ha degenerado en un punto de inflexión histórico y peligroso que pretende socavar los cimientos institucionales de la justicia penal internacional desde la raíz. Cuando la administración estadounidense decide incluir a la propia Corte Penal Internacional en las listas de sanciones, somete el camino de la rendición de cuentas por los crímenes cometidos en la Franja de Gaza a una dura prueba existencial, planteando preguntas urgentes sobre la capacidad de esta institución judicial y de los Estados firmantes para salvaguardar su independencia y garantizar la continuidad de su labor frente a la tormenta del chantaje político y financiero.

Estas transformaciones aceleradas, con sus complejidades legales, políticas y operativas, constituyen el eje de una lectura profunda presentada en un reciente documento de investigación publicado por el Centro Palestino de Estudios Políticos bajo el título «De la selección de personas al estrangulamiento de la institución: Las sanciones de EE. UU. a la Corte Penal Internacional y los límites de la protección del proceso de rendición de cuentas por los crímenes de Gaza», un estudio que rastrea los hilos de la escalada estadounidense hasta prever las oportunidades de contener sus repercusiones en los próximos meses. Desde la emisión de la Orden Ejecutiva estadounidense número 14203 en febrero de 2025, Washington ha escalado sus medidas punitivas; comenzó apuntando al fiscal, a los jueces y a personalidades vinculadas a la Corte, luego amplió el círculo para incluir a organizaciones de derechos humanos palestinas que desempeñan un papel fundamental en la documentación de crímenes, antes de alcanzar la cúspide de este camino el 9 de octubre de 2026 al incluir a la Corte como una entidad completa en la lista de ciudadanos designados, trasladando oficialmente la batalla del terreno de la presión sobre los individuos al intento de cercar y asfixiar por completo a la institución.

Sin embargo, un examen detallado de la arquitectura de la decisión estadounidense revela una táctica que combina la restricción legal con la maniobra temporal; la inclusión de la Corte en la lista de prohibiciones no se produjo en forma de un cierre inmediato y absoluto de todas sus actividades, sino que coincidió con la emisión de cuatro licencias generales que permiten la continuidad de un conjunto de transacciones y servicios básicos, como pagos de los Estados parte, salarios, seguros médicos y servicios médicos, hasta el 7 de abril de 2027 en el caso de la Licencia General número 13. No obstante, la verdadera trampa detrás de esta medida no radica únicamente en el texto de la prohibición directa, sino en el fenómeno del «sobrecumplimiento» que rige el comportamiento de bancos, empresas y proveedores de servicios de todo el mundo; el temor a sufrir sanciones secundarias de Estados Unidos les empuja a cortar voluntariamente sus relaciones con la Corte, lo que amenaza con paralizar los canales de financiación, los servicios técnicos y los seguros, convirtiendo la cuestión de la protección institucional en un dilema estructural que va mucho más allá de la mera búsqueda de alternativas de pago alejadas de la hegemonía del dólar.

Ante este asedio metódico, la crisis del sistema internacional se manifiesta en esa flagrante brecha entre el ruido diplomático de rechazo a las sanciones y la ausencia de herramientas prácticas capaces de contrarrestarlas. A pesar de las sucesivas objeciones de los países europeos y de las posturas declaradas de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, la activación del «Estatuto de Bloqueo europeo» sigue congelada en el plano teórico sin convertirse en una medida práctica que proteja a las empresas e instituciones europeas que tratan con la Corte, además de la falta de compromisos ejecutivos suficientes que garanticen el flujo de los pagos de la Corte y fortalezcan sus transacciones financieras y administrativas.

Este cisma internacional no se detiene en las fronteras financieras y operativas, sino que se extiende para golpear en el núcleo la cuestión de la ejecución de las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro de la ocupación, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. El hecho de que la inclusión de la Corte en la lista de sanciones de Estados Unidos no tenga el efecto de anular legalmente dichas órdenes, ni de suprimir las obligaciones legales de los Estados parte en virtud del Estatuto de Roma, choca con la realidad de que la ejecución real sigue dependiendo de la voluntad política de los gobiernos y de su conducta sobre el terreno. Quizás la flagrante discrepancia en las posturas de los Estados ilustra la magnitud de este dilema; el fracaso de Hungría en ejecutar la orden de arresto durante la visita de Netanyahu en abril de 2025 constituyó un precedente peligroso, mientras que los compromisos de otros Estados para cumplir con la ejecución siguen siendo meras posturas declaradas que en su mayoría no se han sometido a una verdadera prueba práctica.

Salir del círculo de la impotencia actual exige a las potencias internacionales que apoyan la justicia pasar rápidamente de la mera oposición política a las sanciones a la construcción de un sistema de herramientas prácticas de protección antes de que sea demasiado tarde. Este camino requiere una presión real para activar el estatuto de bloqueo europeo, la creación de un canal institucional independiente que garantice el flujo de los pagos de la Corte y los salarios de sus empleados, en paralelo con la finalización de la transición de la Corte hacia alternativas técnicas y de seguros puramente europeas, y la obtención de compromisos oficiales por escrito de los Estados parte para adherirse estrictamente a la ejecución de las órdenes de arresto. La batalla también exige proporcionar un paraguas de protección legal y financiera a las organizaciones de derechos humanos palestinas incluidas en las listas de sanciones de Estados Unidos, además de activar el principio de «jurisdicción universal» en los tribunales nacionales de los países cuya legislación lo permita, creando así vías judiciales paralelas que eviten el monopolio o la interrupción del proceso de rendición de cuentas.

En conclusión, los datos del panorama actual indican que los próximos meses estarán llenos de la probabilidad de una contención parcial de las repercusiones de las sanciones, pero dicha contención seguirá empañada por la continua erosión de algunas de las capacidades de la Corte y de la red de servicios vitales vinculados a ella, a menos que los países europeos tomen medidas ejecutivas decisivas antes de que expire el plazo estadounidense el 7 de abril de 2027. La crisis actual, aunque no significa el colapso inevitable de la Corte Penal Internacional, tampoco le otorga un certificado automático de supervivencia; las órdenes de arresto siguen vigentes por ministerio de la ley, pero el futuro de la rendición de cuentas por los crímenes de Gaza seguirá dependiendo de la capacidad de la comunidad internacional para traducir las declaraciones de rechazo político en compromisos legales, financieros y institucionales sólidos y mensurables.