Viernes 6 de noviembre de 2026
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Investigación Deportes

El acuerdo cancelado del Mundial revela la batalla de los miles de millones (Parte 1)

La crisis que sacudió a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) no fue solo una disputa financiera, sino que reveló un conflicto más profundo sobre quién posee la decisión económica en la institución futbolística más grande del mundo.

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La crisis que sacudió a la Federación Internacional de Fútbol «FIFA» durante los últimos meses no fue solo una disputa financiera sobre un proyecto de inversión por valor de veinte mil millones de dólares, sino que reveló un conflicto más profundo sobre quién posee la decisión económica en la institución futbolística más grande del mundo, quién determina el valor de los derechos de la Copa del Mundo, y si las ganancias futuras de los torneos internacionales son susceptibles de ser compartidas con inversores ajenos al ecosistema deportivo.

La historia comenzó lejos de los estadios, específicamente dentro del hotel «Waldorf Astoria» en Manhattan, Nueva York, el 18 de julio de 2026, un día antes de la final de la Copa del Mundo. Según una investigación publicada por el periódico «The New York Times», en la que posteriormente se basó la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) en sus procedimientos legales, se solicitó a cinco altos funcionarios de la «FIFA» que consideraran con urgencia un proyecto de inversión altamente sensible, el cual terminó con el respaldo de tres de ellos frente a la oposición de dos. Las circunstancias de la reunión y la rapidez en la toma de decisiones suscitaron interrogantes sobre el grado de conocimiento de los órganos competentes respecto al proyecto, una versión que sigue siendo objeto de disputa entre las partes interesadas.

Diez días después, el proyecto salió a la luz bajo el nombre de «FIFA Forward Enterprise», una entidad comercial en la que el plan consistía en agrupar los derechos de transmisión, patrocinio, publicidad, entradas y actividades comerciales vinculadas a las competiciones de la «FIFA», abriendo su capital a inversores externos en un porcentaje cercano al veinte por ciento, a cambio de una financiación que alcanzaría los 4.2 mil millones de dólares, basándose en una valoración total de cerca de veinte mil millones de dólares.

Aquí aparecen los primeros puntos que requieren escrutinio; la cifra circulante no era dinero desaparecido de las arcas de la Federación Internacional, sino un valor estimado para una empresa que, finalmente, no se creó. En cuanto al acuerdo propuesto, habría otorgado a los inversores una participación económica en una actividad que depende fundamentalmente de torneos cuyos derechos pertenecen a una institución sin fines de lucro que representa a 211 federaciones nacionales.

Según informes de «Reuters» y «Associated Press», el banco estadounidense «JPMorgan» entró en la línea de preparación del proyecto y sus arreglos financieros, mientras que surgió el nombre del fondo «Thrive Eternal», vinculado al inversor estadounidense Joshua Kushner, como un posible inversor principal. Kushner es hermano de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, una conexión que despertó el interés de la prensa internacional dada la estrecha relación entre Trump y el presidente de la «FIFA», Gianni Infantino, aunque por sí misma no constituye una prueba de favoritismo o infracción legal.

Lo más intrigante es que el aspecto financiero del proyecto estaba vinculado a una oferta sin precedentes para las federaciones nacionales; el plan permitía a cada federación obtener un pago extraordinario de hasta veinte millones de dólares, además de una financiación para el desarrollo de veinte millones de dólares durante el ciclo 2027-2030, según la fórmula explicada por la «FIFA», sujeta a las aprobaciones requeridas y a la participación de las federaciones interesadas.

Mediante un cálculo simple, otorgar a 211 federaciones veinte millones de dólares a cada una significa distribuir 4.22 mil millones de dólares, lo que equivale aproximadamente a la totalidad del monto que el proyecto pretendía recaudar de los inversores externos. Esta comparación no prueba la existencia de una irregularidad financiera, pero plantea una pregunta legítima: ¿Cuál es el costo económico real de otorgar a los inversores una parte de los ingresos comerciales futuros a cambio de una financiación extraordinaria que, teóricamente, consume la mayor parte de la recaudación inicial de la inversión?

La importancia de esta pregunta aumenta al volver a la presentación de 25 páginas, a la que tuvo acceso el periódico «The Guardian». Esta incluía visiones para el crecimiento de los ingresos mediante la expansión de actividades y torneos comerciales, el aumento de los ingresos por entradas, el uso de financiación externa y préstamos, y la mejora de la explotación de los derechos de transmisión. También señaló la posibilidad de aumentar el número de eventos deportivos mundiales, lo que generó temores sobre el aumento de la presión sobre los jugadores, los clubes y el calendario internacional.

Uno de los puntos más preocupantes fue la falta de detalles suficientes, en los documentos revelados por los medios, sobre la metodología para llegar a la valoración de los veinte mil millones de dólares, sobre la existencia de una competencia abierta entre los inversores, así como sobre las condiciones de retorno y salida de la inversión. Por lo tanto, surgió la pregunta sobre el valor justo de los derechos: ¿Habría obtenido la «FIFA» el precio adecuado a cambio de la participación ofrecida, o los inversores se habrían beneficiado de un crecimiento económico futuro superior a lo que reflejaba la valoración propuesta?

No se puede afirmar con certeza que los derechos de la Copa del Mundo se habrían vendido por debajo de su valor real sin revisar los modelos financieros, las obligaciones contractuales y los estudios de valoración independientes. Asimismo, comparar el valor de la empresa propuesta con los ingresos totales de la «FIFA» no es suficiente por sí solo para probar una valoración baja, porque los ingresos no son beneficios netos, y porque el valor de cualquier proyecto depende también de los costos, los riesgos y el plazo de los derechos.

Por otro lado, Infantino defendió el proyecto como un medio para fortalecer la financiación del fútbol en los países que menos se benefician de los ingresos globales. La Federación Internacional aseguró que mantendría el control sobre la empresa propuesta y todas sus facultades regulatorias y deportivas, y que los inversores no tendrían autoridad decisoria sobre las reglas del juego o las fechas de las competiciones.

Sin embargo, estas garantías no convencieron a la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), que consideró que la introducción de capital privado en la actividad comercial del Mundial podría crear presiones constantes para aumentar las ganancias, incluso a costa del equilibrio entre el interés deportivo y las consideraciones comerciales. A las objeciones se sumaron otras entidades futbolísticas, entre ellas la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF), y la Confederación Asiática de Fútbol, que criticó la falta de consultas previas, además del sindicato internacional de jugadores profesionales «FIFPRO».

Tras la amenaza de las federaciones europeas de boicotear las competiciones de la «FIFA», Infantino anunció el 31 de julio la retirada del proyecto. Pero la cancelación no puso fin a la disputa, sino que la trasladó a un nivel más sensible, consistente en la exigencia de revelar los documentos del acuerdo y el proceso de toma de decisiones.

El 27 y 28 de agosto, la UEFA presentó solicitudes ante tribunales federales estadounidenses para obtener documentos y testimonios relacionados con el proyecto de empresas estadounidenses vinculadas a la «FIFA» y de entidades financieras y de inversión involucradas en el acuerdo. Dichas solicitudes se basaron en la posibilidad de utilizar las pruebas en una posible denuncia penal en Suiza por mala gestión financiera.

Según los registros judiciales disponibles que han sido revisados, se trata de cuatro solicitudes legales en tres jurisdicciones judiciales estadounidenses. No obstante, estos procedimientos tienen como objetivo obtener pruebas y no significan que se haya probado un delito o que Infantino haya sido condenado, ni se ha confirmado la emisión de una sentencia judicial definitiva sobre el fondo de las acusaciones o la apertura de una investigación penal suiza al respecto. Por su parte, la «FIFA» rechazó las acusaciones de mala gestión y consideró que los procedimientos legales son parte de una campaña dirigida contra su liderazgo.

Pero el desarrollo más importante que revela el seguimiento del expediente ocurrió el pasado 15 de octubre, cuando la «FIFA» anunció una nueva propuesta para aumentar la financiación para el desarrollo durante el ciclo 2027-2030 a 6.35 mil millones de dólares, incluyendo a las federaciones nacionales y otras entidades futbolísticas, con asignaciones propuestas de 25 millones de dólares para cada federación nacional.

Lo llamativo es que el nuevo plan se basa en aprovechar el excedente financiero y las reservas de la Federación Internacional, después de que estimaciones preliminares no auditadas indicaran un excedente de entre 5.2 y 5.6 mil millones de dólares para el ciclo 2023-2026, manteniendo una reserva de contingencia propuesta de 1.7 mil millones de dólares. Los detalles del plan siguen sujetos a revisión y a las aprobaciones institucionales establecidas.

Aquí se forma el ángulo más importante de la investigación: si se ha vuelto posible proponer una financiación amplia a partir de recursos propios, ¿por qué se planteó originalmente abrir la actividad comercial a inversores externos? ¿Y el aumento esperado en los ingresos justificaba ceder una parte de las ganancias futuras?

Es justo señalar que el nuevo plan no coincide con la oferta de inversión anterior en términos de valor, fuentes de financiación o continuidad, y que la «FIFA» considera que la inversión externa habría generado recursos adicionales por encima de lo que se puede distribuir de las reservas. Sin embargo, la diferencia entre ambos enfoques sigue necesitando una auditoría financiera independiente que aclare el costo y los beneficios a largo plazo de cada opción.

El 2 de noviembre, «Reuters» reveló que el Secretario General de la «FIFA», Mattias Grafström, invitó a los miembros del Consejo de la Federación que lo desearan a consultar documentos fundamentales relacionados con el proyecto dentro de la sede de la institución en Zúrich, bajo condiciones específicas. Esto ocurrió tras las demandas europeas de obtener respuestas a decenas de preguntas relacionadas con la gestión de la Federación y la transparencia de sus decisiones.

Pero poner los documentos a disposición de los miembros del Consejo bajo condiciones no equivale necesariamente a una revisión externa independiente, especialmente si no se publican la metodología de valoración, las partes involucradas en la negociación y las responsabilidades institucionales asociadas. Al mismo tiempo, imponer la confidencialidad sobre documentos comerciales no prueba por sí solo la existencia de una irregularidad, ya que podría estar vinculado a obligaciones contractuales y legales legítimas.

Con la proximidad de las elecciones a la presidencia de la «FIFA» programadas para marzo de 2027 en Marruecos, las cuestiones financieras se entrelazan con los cálculos de influencia dentro de la institución futbolística. El proyecto cancelado se ha convertido en una prueba de confianza en el liderazgo de Infantino, mientras que la demanda de reforma institucional se ha transformado en un eje central en el enfrentamiento entre la Federación Internacional y varias entidades futbolísticas.

La verdad más importante sigue siendo que la no finalización del acuerdo no elimina la necesidad de saber cómo se preparó, quién eligió a los posibles inversores, cómo se determinó el valor de mercado y qué garantías habrían protegido el futuro de los torneos frente a los conflictos de intereses.

El caso ya no trata solo de veinte mil millones de dólares, sino del modelo de gestión del fútbol mundial: ¿Seguirán los derechos comerciales siendo un medio para financiar y desarrollar el juego bajo la supervisión de sus instituciones, o se convertirán gradualmente en activos de inversión cuyo futuro se determine bajo la lógica de la rentabilidad?

La respuesta a esta pregunta no requiere acusaciones previas, sino documentos completos, una evaluación financiera independiente y una rendición de cuentas institucional transparente. Hasta que eso ocurra, el acuerdo de la «FIFA» que no se concretó seguirá siendo uno de los temas abiertos más destacados sobre el futuro de la economía futbolística internacional.

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