Lo más peligroso del proyecto «FIFA Forward Enterprise», que provocó un terremoto dentro de la Federación Internacional de Fútbol durante el verano de 2026, no fue la cifra de veinte mil millones de dólares que circulaba, sino las interrogantes financieras que el proyecto dejó sin respuestas claras: ¿Cómo se determinó el valor de los derechos comerciales de la institución futbolística más grande del mundo? ¿Qué retorno habrían obtenido los inversores a cambio de su dinero? ¿Y conocían las federaciones nacionales el precio económico a largo plazo de la financiación que se les ofrecía?
Esas preguntas adquieren una nueva importancia tras revisar el contenido de una propuesta comercial de 25 páginas con fecha de julio de 2026, titulada «FIFA Forward Enterprise – Member Materials», y una nota que indica que es confidencial y no está destinada a su distribución. Existe una copia publicada en la plataforma «Scribd», cuyos detalles fundamentales coinciden con la propuesta que el periódico británico «The Guardian» afirmó haber visto el 30 de julio, aunque la autenticidad de la versión publicada no ha sido verificada de forma independiente.
Las páginas de la propuesta revelan una visión económica que habría cambiado la forma en que la FIFA gestiona sus activos comerciales, mediante la creación de una empresa que asumiría la mayoría de las actividades generadoras de ingresos, incluidos los derechos de transmisión, patrocinio, publicidad, entradas, hospitalidad comercial y la organización de torneos, a cambio de abrir una participación minoritaria a inversores externos, manteniendo la Federación Internacional el control sobre las decisiones deportivas y regulatorias.
Sin embargo, lo primero que llama la atención en el análisis financiero es el método de valoración de la nueva empresa; informes de «Reuters» y «Associated Press» revelaron que el banco «JPMorgan» valoraba la entidad en unos veinte mil millones de dólares, mientras que la financiación objetivo de los inversores alcanzaba los 4.2 mil millones de dólares a cambio de una participación cercana al veinte por ciento.
Estas cifras significan que el valor contable deducido de dividir 4.2 mil millones entre el veinte por ciento asciende a 21 mil millones de dólares, es decir, mil millones más que la valoración que circulaba en los medios. Esta diferencia no es prueba de manipulación o inflación, ya que podría deberse al redondeo o a una diferencia en la definición del valor de la empresa antes y después de la inversión, pero subraya la necesidad de conocer la base contable utilizada para determinar el precio.
Lo más importante es que las páginas publicadas de la propuesta no incluyen un modelo financiero detallado que aclare las proyecciones de beneficios netos y flujos de caja descontados, ni la tasa interna de retorno esperada para los inversores, ni el mecanismo de valoración de la participación en futuras ventas. Tampoco se exponen claramente las condiciones de salida de la inversión o si existirían garantías especiales para proteger los derechos de los accionistas minoritarios.
La ausencia de estos elementos en la propuesta dirigida a las federaciones no significa necesariamente que no existieran en otros documentos de negociación, pero hace imposible evaluar la equidad del acuerdo basándose únicamente en la propuesta.
Otro punto extremadamente sensible destaca en la página nueve, donde el documento compara la financiación del programa «FIFA Forward» durante el ciclo 2023-2026, que asciende a unos 1.7 mil millones de dólares, con una financiación potencial que alcanzaría los 8.4 mil millones de dólares durante el ciclo 2027-2030, combinando los programas «FIFA Forward» y «FIFA Fast Forward».
No obstante, la página veintitrés va más allá y habla de elevar el compromiso total para el desarrollo del fútbol a más de diez mil millones de dólares. La diferencia entre ambas cifras, de al menos 1.6 mil millones de dólares, requiere aclaración, especialmente porque la propuesta no presenta en sus páginas publicadas un desglose financiero detallado que vincule los diversos programas con la cifra total final. La cantidad mayor podría incluir otros programas de desarrollo, pero determinar esto con precisión requiere tablas financieras adicionales.
El detalle más importante reside en la distribución de la financiación; la propuesta estipulaba veinte millones de dólares de financiación del «FIFA Forward» para cada una de las 211 federaciones nacionales, además de un monto extraordinario opcional de hasta veinte millones de dólares para la federación bajo el programa «Fast Forward».
Al calcular solo el pago opcional para todas las federaciones, llegamos a 4.22 mil millones de dólares, una cifra que casi coincide con la financiación que el proyecto pretendía recaudar de inversores externos. En cuanto al programa habitual, habría alcanzado aproximadamente el mismo volumen, pero su financiación, según la interpretación oficial de la «FIFA», provendría de la mejora de los ingresos comerciales futuros.
Aquí surge una ecuación fundamental: los inversores habrían pagado una suma importante de una sola vez, mientras que a cambio habrían obtenido una participación en la propiedad de una empresa comercial teóricamente capaz de generar ingresos recurrentes. La versión publicada no aclaró cómo se distribuirían los beneficios ni cuánto tiempo tardarían los inversores en recuperar su capital o lograr beneficios adicionales.
Por lo tanto, la comparación entre el dinero que recibirían las federaciones de inmediato y el valor futuro de la participación inversora no puede resolverse sin conocer las condiciones del acuerdo. La operación podría ser financieramente viable o costosa a largo plazo, pero las pruebas disponibles no permiten elegir una de las dos opciones de manera concluyente.
Las páginas dedicadas al crecimiento comercial revelan una visión diferente sobre cómo explotar el fútbol económicamente. En la página siete, la propuesta presenta una comparación entre los ingresos anuales promedio de la «FIFA», que rondan los 3.6 mil millones de dólares, y los ingresos de grandes competiciones estadounidenses, incluida la Liga de Fútbol Americano «NFL», cuyos ingresos, según la tabla, ascienden a 21.2 mil millones de dólares.
El problema aquí es que la «FIFA» es una institución internacional que organiza competiciones y gestiona programas de desarrollo y gobernanza, mientras que la «NFL» representa un modelo comercial diferente vinculado a clubes, franquicias y derechos locales. Por ello, la comparación directa entre ingresos puede ser útil a nivel de marketing, pero no es suficiente para demostrar que la «FIFA» obtiene un rendimiento comercial menor del que debería, a menos que se tengan en cuenta las diferencias entre los modelos de negocio, los costes y las obligaciones.
En la página quince, la propuesta sugiere aumentar los socios comerciales, ampliar la explotación de los derechos de transmisión, optimizar los costes operativos y atraer talento con salarios vinculados a incentivos financieros. Estos acuerdos no son excepcionales en el mundo corporativo, pero plantean la pregunta de cómo conciliar la obtención de beneficios para los inversores con el mantenimiento de la naturaleza sin ánimo de lucro y la misión de desarrollo de la Federación Internacional.
La página nueve incluye un objetivo de aumentar el número de competiciones de unas 200 a 450, una cifra que generó controversia mediática sobre la posibilidad de duplicar el calendario mundial de fútbol. Sin embargo, un examen detallado del contexto de la página muestra que la cifra aparece junto a indicadores de desarrollo que incluyen el aumento del número de jugadores beneficiarios de unos 300 mil a 650 mil, los nuevos estadios de unos 570 a 1200, y los proyectos de 1600 a 3500.
La propuesta no especifica claramente si esas competiciones son locales o regionales apoyadas por programas de desarrollo, o torneos internacionales adicionales. Por ello, no es correcto afirmar, basándose solo en esta página, que la «FIFA» pretendía organizar 250 nuevos campeonatos mundiales, aunque la fórmula comercial general del proyecto se basaba en la expansión de actividades y el aumento de la explotación de derechos.
El documento también plantea la cuestión del equilibrio entre el fútbol masculino y femenino; «The Guardian» señaló que el Mundial Femenino solo apareció una vez en la propuesta comercial, mientras que Infantino afirmó en sus declaraciones oficiales que el proyecto habría reforzado la inversión en el fútbol femenino y en el talento joven. El número de menciones por sí solo no demuestra el volumen de financiación real, pero revela que la propuesta necesitaba objetivos financieros separados y medibles para las diferentes categorías del juego.
En cuanto al aspecto que requiere mayor escrutinio institucional, se refiere al cronograma para completar el acuerdo; la página veintidós presenta una ruta que comienza con el anuncio en julio, la entrega a los inversores seleccionados de documentos y condiciones preliminares durante agosto, luego la recepción de ofertas de interés y compromisos vinculantes, hasta la transferencia de fondos para finales de octubre.
Lo curioso es que este calendario precedía a la finalización de las consultas y la votación final de las federaciones miembros, según el mecanismo confirmado oficialmente por la «FIFA». Iniciar la negociación antes de la aprobación puede no ser contrario a la norma en sí mismo, pero plantea la duda sobre el grado de avance que alcanzaron los acuerdos de inversión y si los compromisos potenciales seguirían condicionados explícitamente a la aprobación de las instituciones competentes.
Fuera de las páginas de la propuesta, las coberturas internacionales revelaron el papel del inversor estadounidense Joshua Kushner y la empresa «Thrive Capital» como algunas de las partes inversoras potenciales más destacadas. En septiembre pasado, Kushner confirmó en una declaración recogida por «Reuters» que no habría entrado en el proyecto si hubiera sido consciente del nivel de conflicto que provocaría, defendiendo al mismo tiempo la idea económica basada en distribuir más recursos a las federaciones menos favorecidas.
Sin embargo, la relación de los inversores potenciales con centros de influencia financiera o política no representa, por sí misma, una prueba de irregularidad. Las cuestiones decisivas siguen siendo los procedimientos de selección del inversor, la independencia de la valoración, las condiciones de competencia y cualquier posible conflicto de intereses.
La controversia se convirtió posteriormente en un enfrentamiento legal, después de que la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) presentara solicitudes ante tribunales federales estadounidenses para obtener documentos y correspondencia relacionados con el proyecto, incluidos materiales pertenecientes a «JPMorgan» y otros inversores y entidades. La «UEFA» afirmó que esas pruebas podrían ayudarle a evaluar la presentación de una posible denuncia penal en Suiza, mientras que la «FIFA» negó haber cometido irregularidades y consideró las medidas como parte de una campaña dirigida contra su liderazgo.
Las solicitudes de obtención de pruebas no representan una sentencia judicial de que se haya cometido un delito o una condena contra ninguna persona. Incluso las decisiones procesales emitidas en algunos expedientes estadounidenses no pueden convertirse en prueba de la veracidad de las acusaciones relacionadas con el proyecto.
Pero el acontecimiento que otorga a esta investigación una nueva dimensión económica ocurrió el 15 de octubre, cuando la «FIFA» anunció un plan alternativo para financiar el desarrollo del fútbol por valor de 6.35 mil millones de dólares durante el ciclo 2027-2030, basándose en parte de sus excedentes y reservas propias, sin necesidad de vender una participación de una nueva empresa comercial.
El plan propuesto incluía la asignación de 25 millones de dólares a cada federación nacional, manteniendo una reserva de contingencia de 1.7 mil millones de dólares. Sin embargo, este plan no es idéntico al proyecto cancelado en cuanto al volumen de financiación o sus fuentes, y sigue estando sujeto a procedimientos de aprobación final.
No obstante, la aparición de la alternativa plantea una pregunta que no puede ignorarse: si los recursos propios de la «FIFA» permiten proponer una financiación para el desarrollo de tal magnitud, ¿era la necesidad de atraer inversores externos una necesidad financiera real, o una opción estratégica para expandir los negocios comerciales y acelerar su crecimiento?
El dos de noviembre, el caso volvió a la palestra después de que «Reuters» revelara que el Secretario General de la Federación Internacional, Mattias Grafström, invitó a los miembros del Consejo de la «FIFA» a revisar documentos fundamentales relacionados con el proyecto en la sede de la institución en Zúrich, bajo condiciones específicas, tras el aumento de las demandas europeas de transparencia.
Así pues, la cancelación del proyecto no puso fin a las preguntas sobre su preparación, la selección de inversores o su metodología de valoración, especialmente porque los documentos contractuales y financieros detallados siguen sin estar disponibles para una revisión pública exhaustiva.
Se puede decir que la revisión de la propuesta comercial reveló tres brechas fundamentales: la ausencia de una explicación publicada suficiente sobre la valoración de la empresa y los derechos de los inversores, la falta de detalle sobre la diferencia entre las diversas promesas de desarrollo, y la falta de definición de la naturaleza exacta de algunos indicadores de crecimiento utilizados para comercializar el proyecto.
Pero estas brechas no son pruebas de malversación, corrupción o un intento confirmado de vender el fútbol por debajo de su valor. Son cuestiones que requieren un escrutinio institucional y financiero, y una comparación entre la propuesta promocional y los documentos legales y financieros que no se han publicado en su totalidad.
Al final, la batalla no fue solo por veinte mil millones de dólares, sino por una pregunta más importante: ¿Quién tiene el derecho de convertir los ingresos futuros de la Copa del Mundo en un activo de inversión, y qué garantías protegen los intereses de las federaciones nacionales, los clubes, los jugadores y los aficionados?
El acuerdo que no vio la luz puede haber terminado comercialmente, pero la prueba de transparencia que impuso a la Federación Internacional aún no ha terminado, y solo se resolverá revelando las bases de la valoración y los compromisos propuestos, sometiéndolos a una revisión independiente que distinga entre la legitimidad de la inversión y los requisitos de una buena gobernanza.
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