Las protestas de los profesores en Libia han superado los límites de las demandas profesionales para abrir un nuevo debate sobre la libertad de acción sindical y los límites de la intervención de los aparatos de seguridad en las protestas pacíficas, después de que una concentración organizada por profesores y profesoras en el municipio de Abu Salim en Trípoli, el lunes 9 de noviembre de 2026, provocara una ola de condena y solidaridad en los círculos educativos, en medio de relatos contradictorios sobre lo sucedido durante la concentración.
La ola de objeciones comenzó tras las acusaciones dirigidas por el Sindicato General de Profesores al departamento de apoyo a las direcciones de seguridad respecto a lo que calificó de comportamientos inaceptables hacia varios de los participantes en la concentración de protesta frente a la sede de la supervisión de educación y enseñanza en Abu Salim. El sindicato, presidido por Ramadan Hammoum, afirmó que reclamar los derechos profesionales no justifica restringir a los manifestantes ni tratarlos con métodos que afecten a su dignidad.
El sindicato expresó su condena a lo que denominó el señalamiento a los profesores y profesoras de la región, con especial atención a la forma en que se trató a las mujeres participantes en la protesta. Asimismo, anunció su intención de tomar las medidas necesarias frente a cualquier transgresión que considere que ha vulnerado los derechos y libertades relacionados con el ejercicio de la labor sindical.
Las reacciones no se detuvieron en Trípoli, ya que los trabajadores del sector educativo en la ciudad de Misrata anunciaron, en un comunicado cuyos detalles se publicaron hoy martes 10 de noviembre, su solidaridad con sus compañeros en Abu Salim, considerando que cualquier agravio a la dignidad de los profesores en cualquier región repercute en toda la familia educativa de Libia.
Los firmantes del comunicado subrayaron la necesidad de abordar las demandas profesionales mediante el diálogo y los mecanismos administrativos y legales, en lugar de recurrir a medidas de seguridad, y afirmaron que la vuelta a las clases no debe estar condicionada a que los trabajadores renuncien a sus reivindicaciones.
La ola de solidaridad se extendió hasta la ciudad de Tobruk, donde los profesores organizaron una sentada de protesta hoy martes, durante la cual anunciaron su determinación de continuar con la huelga hasta que se cumplan sus demandas, encabezadas por la mejora de los salarios, la provisión de seguro médico y el pago de los atrasos de los complementos debidos.
Por el contrario, el departamento de apoyo a las direcciones de seguridad rechazó las acusaciones que se le imputan, negando que se hubieran producido agresiones contra los manifestantes en Abu Salim. Explicó en un comunicado oficial que los agentes de policía acudieron para asegurar la concentración y garantizar su normal desarrollo, y que los participantes pudieron leer su comunicado antes de abandonar el lugar.
El organismo también ofreció una versión diferente sobre un vídeo que circula en las redes sociales, asegurando que se refiere al arresto de una persona acusada de agredir a elementos de seguridad mientras cumplían con sus funciones, y no al señalamiento de profesores por su participación en la protesta. Subrayó que el derecho a manifestarse está garantizado, a cambio de la necesidad de respetar el derecho de los alumnos y profesores que desean reanudar las clases.
Estas versiones contradictorias sitúan el asunto ante la necesidad de verificar las circunstancias de forma independiente, especialmente porque las acusaciones del sindicato y la denegación del organismo de seguridad no bastan por sí solas para determinar la verdad de lo ocurrido.
La crisis llega en un momento en que el sector educativo libio se enfrenta a retos relacionados con los salarios, los privilegios profesionales y la continuidad de las clases, lo que hace que cualquier estancamiento en el diálogo entre las autoridades gubernamentales y los sindicatos corra el riesgo de incrementar la tensión en el seno de las instituciones educativas.
Entre la insistencia de los sindicatos en mejorar las condiciones laborales y la determinación de las autoridades en garantizar la regularidad de las clases, parece urgente un acuerdo que proteja los derechos profesionales y la libertad de protesta pacífica, sin perjudicar el derecho de los alumnos a la educación, abriendo al mismo tiempo el camino a una investigación transparente sobre cualquier denuncia relacionada con abusos de seguridad.
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