La tragedia del derrumbe de dos edificios residenciales en la ciudad de Fez ha vuelto al centro de la atención judicial, este martes 10 de noviembre de 2026, después de que la sala de lo penal de primera instancia especializada en delitos financieros del Tribunal de Apelación decidiera aplazar el examen del caso en el que están imputadas diecinueve personas, incluidos funcionarios electos, a raíz de la catástrofe que dejó veintidós muertos y dieciséis heridos en diciembre del año pasado.
La sesión contó con la comparecencia del presidente del distrito de Zouagha, Ismail Jay Mansouri, junto a sus adjuntos Abdellah El Hadaf y El Khamar Samouh, entre un grupo de procesados en el caso relacionado con sospechas de irregularidades en la construcción y el urbanismo, así como posibles responsabilidades sobre las condiciones que precedieron al derrumbe de los edificios en la urbanización Al-Mustaqbal, en el barrio de Al-Massira, zona de Bensouda.
El tribunal, presidido por el magistrado Mohamed Lahya, decidió posponer el juicio hasta el próximo 1 de diciembre, con el fin de citar al agente judicial del Reino y al representante del municipio de Fez, permitiendo así completar los procedimientos relacionados con el caso.
En el proceso, ocho acusados se encuentran en prisión preventiva y once más en libertad provisional, a la espera de debatir los hechos, las pruebas y determinar las responsabilidades individuales conforme a los procedimientos judiciales establecidos.
Las investigaciones preliminares y los informes de peritaje técnico revelaron, según los datos anunciados por la Fiscalía, sospechas de irregularidades en la construcción de los edificios, entre ellas la adición de plantas sin obtener las licencias legales necesarias, el uso de materiales de construcción de segunda mano y la existencia de deficiencias en algunos documentos y transacciones inmobiliarias vinculadas al proyecto.
Las investigaciones también incluyeron sospechas relacionadas con la entrega de documentos administrativos y certificados de habitabilidad al margen de las normas legales, lo que llevó a la Fiscalía a procesar el caso bajo cargos relacionados con homicidio y lesiones involuntarias, soborno y otras infracciones.
Este juicio reabre el debate sobre la supervisión de las obras de construcción, el respeto a los planes urbanísticos y la responsabilidad de las autoridades competentes en el seguimiento de las infracciones, especialmente en los barrios que experimentan una rápida expansión urbana.
El interés por el caso no se limita a determinar las posibles responsabilidades penales, sino que se extiende a la necesidad de extraer lecciones preventivas de la catástrofe y reforzar la supervisión técnica y administrativa de los edificios para evitar la repetición de incidentes similares.
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