Los medios de comunicación argelinos han sido testigos en las últimas semanas de una notable sucesión de noticias sobre operaciones de seguridad dirigidas contra redes de narcotráfico, acompañadas de acusaciones recurrentes que vinculan los cargamentos incautados con Marruecos, sin que los comunicados de prensa publicados contengan pruebas penales detalladas que permitan a la opinión pública verificar de forma independiente el origen y las rutas reales de dichos cargamentos. Entre las noticias de redadas, detenciones de sospechosos y desmantelamiento de redes, estas acusaciones han adquirido una dimensión que trasciende la cobertura de seguridad tradicional, planteando interrogantes sobre los límites entre la lucha contra el crimen organizado y su uso en el discurso político entre dos países que viven una ruptura diplomática y una tensión regional constante.
El 5 de noviembre de 2026, la Dirección General de Seguridad Nacional de Argelia anunció el desmantelamiento de dos redes internacionales en Orán, la incautación de más de 96 kilogramos de cocaína y la detención de 12 personas, atribuyendo la gestión de las redes a quienes describió como «barones marroquíes» que operan desde Marruecos y Europa. Dos días después, los servicios de seguridad argelinos anunciaron el desmantelamiento de otras diez redes, la detención de 28 personas y la incautación de 205 kilogramos de resina de cannabis, reiterando la atribución de la droga incautada a Marruecos. Estos son datos anunciados por las autoridades argelinas, pero lo publicado al respecto no incluyó detalles de las pruebas que permitan examinar estas atribuciones de manera independiente, aunque esto no niega la posibilidad de que existan datos adicionales dentro de los expedientes de la investigación judicial.
Aquí surge un problema fundamental en el tratamiento mediático del crimen organizado: ¿Es suficiente que los servicios de seguridad de un país incauten un cargamento de droga y anuncien que proviene de un país vecino para que ese país sea responsable de ello? ¿La nacionalidad del contrabandista demuestra la responsabilidad del Estado del que es ciudadano? El derecho penal no se basa en la generalización, y la responsabilidad por los delitos no se transfiere de las personas a los gobiernos por el simple hecho de la pertenencia nacional, sino que requiere pruebas independientes relacionadas con los actos y las partes involucradas.
Es llamativo que una de las operaciones argelinas estuviera relacionada con la cocaína, una sustancia cuyo origen de producción está vinculado principalmente a América del Sur, donde se concentra el cultivo de la planta de coca en Colombia, Perú y Bolivia, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Por lo tanto, decir que un cargamento de cocaína llegó desde Marruecos, incluso si se demostrara su tránsito por su territorio, no convierte necesariamente a Marruecos en el país de producción. El país de origen es una cosa, el país de tránsito es otra, y la nacionalidad de los supervisores de la red de contrabando es una tercera cuestión, mientras que la responsabilidad legal de las instituciones estatales sigue vinculada a criterios de prueba independientes.
La paradoja se vuelve más clara cuando recordamos que las propias autoridades marroquíes han detenido en diversas ocasiones a personas de nacionalidades extranjeras, incluidos ciudadanos argelinos, en casos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. En junio de 2026, la policía marroquí anunció la detención de seis ciudadanos argelinos sospechosos de estar vinculados a una red que opera en falsificación, suplantación de identidad, residencia ilegal y tráfico de drogas, entre los cuales se encontraba una persona buscada internacionalmente a petición de las autoridades judiciales argelinas por sospechas de implicación en el narcotráfico.
En septiembre del mismo año, la policía judicial de Mohammedia detuvo a un ciudadano argelino con nacionalidad francesa, en virtud de una orden internacional emitida por la justicia francesa en un caso relacionado con redes de tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas. Estas medidas no fueron una declaración de hostilidad contra Argelia o Francia, sino operaciones de seguridad y judiciales que se enmarcan en la persecución de personas buscadas y la cooperación internacional contra el crimen organizado.
Aquí, la lógica impone una pregunta sencilla: si la detención de un contrabandista que posee una nacionalidad extranjera justifica acusar al Estado al que pertenece o amenazar con enfrentarlo, ¿debería Marruecos enemistarse con cada país cuya nacionalidad aparezca en un expediente penal? Adoptar tal lógica convertiría al mundo en un escenario de acusaciones mutuas, porque el problema de las drogas no excluye a casi ningún país, ya sea zona de producción, tránsito o consumo, y porque las redes criminales son multinacionales por naturaleza.
En medio de este clima, el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune salió el domingo 15 de noviembre de 2026, durante la apertura del año judicial 2026-2027 en el Tribunal Supremo de Argel, para describir la inundación de su país con drogas como una verdadera guerra contra el pueblo y la juventud, insinuando la posibilidad de ir al «origen» de su fabricación bajo el título de derecho a la legítima defensa.
Sin embargo, el punto en el que hay que detenerse antes de cualquier conclusión política es que Tebboune no mencionó a Marruecos por su nombre, ni especificó el Estado, la parte o la región a la que se refiere con la palabra «origen». Por lo tanto, considerar sus palabras como una declaración directa de atacar a Marruecos sería ir más allá de lo que realmente dijo, incluso si las acusaciones recurrentes en los medios argelinos hacen que esta posibilidad esté presente en las lecturas políticas.
Aquí se forma la pregunta más importante: ¿Habla Tebboune de las fuentes reales de producción de drogas, de sus rutas de contrabando o de redes criminales cuya actividad, según él, parte de otros países? Y si se refiere a una parte conocida por los servicios argelinos, ¿por qué no especificó su naturaleza ni aclaró las medidas legales que se pueden tomar contra ella?
No se le exige a un jefe de Estado que revele secretos de investigaciones de seguridad o planes de inteligencia, pero pasar de hablar de perseguir a los contrabandistas a invocar el derecho a la legítima defensa requiere claridad sobre la naturaleza del peligro. La ambigüedad, que puede ser útil en algunos mensajes de disuasión, se vuelve problemática cuando deja abierta a la interpretación la posibilidad de usar la fuerza fuera de las fronteras.
Quizás lo que más revela la complejidad de este asunto es recordar las dos experiencias estadounidenses en Colombia y México. Estados Unidos, a pesar de su superioridad militar y de inteligencia y sus enormes capacidades financieras, se basó en la lucha contra la producción y el contrabando de drogas en largos programas de cooperación con las autoridades locales, que incluyeron formación, equipamiento, intercambio de información, asistencia judicial y persecución de redes criminales.
En Colombia, Washington apoyó desde el año 2000 lo que se conoció como el «Plan Colombia», y le asignó más de seis mil millones de dólares para el año 2008, según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EE. UU. A pesar de la mejora en algunos indicadores de seguridad, no se lograron todos los objetivos del plan relacionados con la reducción de la producción de drogas. En México, la «Iniciativa Mérida» comenzó en 2008, antes de pasar en 2021 a un nuevo marco de cooperación de seguridad entre ambos países, con la persistencia de desacuerdos sobre los límites de la intervención estadounidense y el respeto a la soberanía mexicana.
Estas experiencias no estuvieron exentas de fracasos o controversias relacionadas con los derechos humanos y la soberanía nacional, pero confirman que la lucha contra las drogas no se reduce a lanzar amenazas o atacar una ubicación geográfica supuesta. Las redes criminales se mueven a través de las fronteras, cambian sus rutas y métodos, y dependen de la financiación, los intermediarios, la corrupción y los mercados de consumo; por ello, enfrentarlas requiere un trabajo de inteligencia, financiero y judicial continuo, no una visión simplista que haga de la eliminación del «origen» el fin automático del problema.
Desde el punto de vista legal, el uso por parte de Tebboune de la expresión «derecho a la legítima defensa» plantea un problema que merece un debate más profundo que el simple análisis mediático. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe en su artículo 2, párrafo 4, la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados, mientras que el artículo 51 regula el derecho a la legítima defensa en caso de ataque armado. El narcotráfico, a pesar de su gravedad, no se convierte automáticamente en un ataque armado que autorice la violación de las fronteras de otro Estado.
La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 estableció mecanismos de cooperación judicial, intercambio de información, asistencia legal, extradición y persecución de los fondos procedentes de actividades criminales. Estas herramientas son las más cercanas a la naturaleza del crimen organizado, mientras que cualquier uso de la fuerza fuera de las fronteras necesita una base legal diferente y más estricta.
Por lo tanto, la cuestión no es una prueba de valentía personal o de la disposición de un presidente para usar el ejército, sino una prueba de la integridad de la decisión política. El Estado que enfrenta una amenaza criminal debe primero identificar a los responsables, recopilar pruebas, desmantelar las redes de financiación y contrabando, y luego utilizar los mecanismos de cooperación internacional disponibles. En cuanto a pasar a un discurso que sugiere la posibilidad de atacar territorios fuera de las fronteras, esto cambia la naturaleza del asunto de la lucha contra un crimen a la posibilidad de que surja una crisis entre Estados.
Esta sensibilidad aumenta a la luz de las relaciones marroquí-argelinas, donde las fronteras terrestres están cerradas desde 1994 y las relaciones diplomáticas están cortadas desde agosto de 2021. Si suponemos, por argumentar, que Marruecos es el destinatario de las insinuaciones de Tebboune, cualquier acción militar dentro de su territorio no sería solo una operación contra contrabandistas, sino una violación de la soberanía de un Estado que posee un ejército regular, dispositivos de defensa y seguridad, y capacidades de respuesta. Lo mismo se aplica a la soberanía y seguridad de Argelia, por lo que no se puede reducir la posibilidad de confrontación entre ambos países a una operación limitada de resultados garantizados.
Por ello, hablar de la facilidad de encender una guerra ignora los cálculos de la disuasión mutua y el coste político, diplomático y humano que podría derivarse de ella. Asimismo, asegurar que es imposible que ocurra no se basa en una garantía absoluta. Los cálculos estratégicos obligan a cualquier liderazgo responsable a comprender que pasar de la amenaza verbal al uso de la fuerza podría abrir un camino de escalada cuyo final es difícil de controlar.
No se puede ignorar el contexto regional en el que se emitió la declaración, especialmente después del fin del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) el 31 de octubre de 2026, tras el fracaso del Consejo de Seguridad en renovar su mandato. Este desarrollo constituyó un cambio en los mecanismos de presencia de la ONU sobre el terreno, sin que ello signifique el fin del conflicto o la resolución del estatus del territorio. Esto ocurrió en un contexto diplomático que ya había visto la adopción de la Resolución 2797 de 2025, que hizo de la propuesta de autonomía marroquí la base para las negociaciones destinadas a una solución política consensuada que proporcione la autodeterminación a los habitantes del Sáhara.
Vincular este cambio con la declaración de Tebboune no puede considerarse un hecho probado, pero plantea una pregunta legítima sobre el impacto de los desarrollos diplomáticos regionales en la naturaleza del discurso político y de seguridad. El período posterior al fin del mandato de la MINURSO también fue testigo de un aumento en las acusaciones argelinas relacionadas con los expedientes de drogas y agua, una proximidad temporal que merece ser estudiada sin convertirla automáticamente en prueba de la existencia de una estrategia unificada o intenciones no declaradas.
El 10 de noviembre de 2026, funcionarios argelinos acusaron a Marruecos de contaminar deliberadamente los cursos de agua que alimentan la presa de Hammam Boughrara en la provincia de Tlemcen, y el ministro del Interior argelino describió la situación como un ataque sistemático. Sin embargo, este expediente también necesita separar los datos ambientales de las conclusiones políticas, especialmente porque estudios científicos publicados hace años documentaron la existencia de múltiples fuentes de contaminación en la cuenca de la presa, que incluyeron actividades domésticas, industriales y agrícolas en el lado argelino, además de vertidos de agua desde el lado marroquí.
Esos estudios no niegan la posibilidad de contaminación transfronteriza, pero no prueban automáticamente que un Estado haya utilizado deliberadamente el agua para dañar a su vecino. Eso requiere una investigación reciente e independiente que determine la fuente de los materiales contaminantes, su naturaleza y la responsabilidad de las partes involucradas. Aquí aparece la similitud entre los casos del agua y las drogas: ambos son un problema real que requiere un tratamiento técnico, de seguridad y legal, pero pasar de la existencia del problema a acusar a un Estado de usarlo deliberadamente como arma requiere pruebas que no pueden ser sustituidas por la fuerza de las declaraciones.
Este punto en particular nos devuelve a la esencia de la declaración de Tebboune. ¿Estamos ante una estrategia argelina clara para enfrentar el crimen organizado, o ante un discurso de seguridad formulado con términos que permiten múltiples interpretaciones políticas? ¿El discurso busca tranquilizar a la opinión pública interna, enviar un mensaje de disuasión externa o advertir sobre la posibilidad de medidas más estrictas? Todas son posibilidades que merecen análisis, pero asegurar cualquiera de ellas requiere pruebas y decisiones prácticas que trasciendan el propio texto presidencial.
La seriedad de cualquier estrategia declarada para combatir las drogas puede probarse a través de sus resultados, no a través de la fuerza de sus términos. El verdadero estándar es el volumen de las redes desmanteladas, el alcance de sus financiadores y beneficiarios, la eficacia de la cooperación con los servicios extranjeros y la capacidad del Estado para reducir la propagación de las drogas y proteger a los jóvenes de la adicción. Además, la participación del ejército en la vigilancia de las fronteras, cuando la ley así lo establece, es completamente diferente a llevar a cabo operaciones militares dentro de otro Estado.
Las drogas son un problema global que no está vinculado a una sola nacionalidad ni se detiene en fronteras políticas específicas, y las experiencias internacionales han demostrado que limitarse a la fuerza de seguridad por sí sola no es suficiente para erradicarlas. Por lo tanto, enfrentar este peligro requiere combinar la disuasión legal, las operaciones de inteligencia, la cooperación judicial y la prevención sanitaria y social, en lugar de trasladar el crimen organizado al escenario de las disputas entre Estados.
En realidad, la pregunta más importante no es si Tebboune puede encender una confrontación militar, sino si tal escalada, si es que se plantea, logrará el objetivo declarado. La guerra entre Estados no es una extensión natural de una redada de seguridad, y las acusaciones de contrabando no pueden convertirse en una justificación para la intervención militar sin cumplir las condiciones del derecho internacional. Cualquier decisión que ignore estos límites podría añadir al problema de las drogas una crisis de seguridad y regional aún más compleja.
El presidente argelino habló del «origen» sin nombrarlo, y vinculó el peligro de las drogas con la legítima defensa sin anunciar la naturaleza de las medidas que su país podría tomar. Por otro lado, los comunicados de seguridad y la cobertura mediática argelina vincularon cargamentos de drogas con Marruecos, pero esas acusaciones no convierten automáticamente al Reino en la parte a la que se refiere la declaración presidencial, ni prueban la responsabilidad de sus instituciones en las actividades de las redes criminales.
Aquí se define la responsabilidad política y mediática a la vez: no se debe atribuir a un jefe de Estado una amenaza directa que no ha declarado, como tampoco deben pasar sus frases con connotaciones militares sin cuestionar su contenido y sus límites legales. La claridad del discurso es necesaria tanto como la importancia de proteger la seguridad nacional, y distinguir entre hechos y acusaciones es una necesidad no menos importante que la lucha contra el crimen mismo.
El problema no es saber quién tiene la capacidad de elevar el nivel de la amenaza, sino determinar quién tiene las pruebas, el plan y los medios legítimos para lograr la seguridad. Quien conoce las redes de narcotráfico puede perseguirlas a través de la justicia, la inteligencia y la cooperación internacional; quien acusa a una parte externa debe probar su acusación; y quien insinúa el uso de la fuerza debe darse cuenta de que la soberanía no es un detalle que pueda pasarse por alto, y que los Estados no se tratan como se trata a las bandas de contrabando.
Las drogas no son derrotadas por discursos políticos, ni resueltas por acusaciones vinculadas a nacionalidades, ni se convierten en una guerra entre Estados con una simple declaración presidencial. En cuanto al «origen» del que habló Tebboune, seguirá siendo una pregunta abierta a menos que su autor especifique a qué se refiere y presente la base fáctica y legal para cualquier medida que insinúe tomar.
Francamente, como autor del artículo, y con el debido respeto, encuentro que la insensatez de algunos políticos y su delirio de grandeza los hacen caer en errores y declaraciones infantiles ante las cuales solo podemos decir: no hay poder ni fuerza sino en Dios (en el dialecto local, casi les tiran piedras).
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