La Corte Internacional de Justicia en La Haya emitió, el jueves 19 de noviembre de 2026, un fallo histórico que responsabiliza al Estado de Myanmar por el crimen de genocidio contra la minoría musulmana rohinyá, durante las operaciones militares ejecutadas por sus fuerzas en el estado de Rakáin en 2017, en una decisión que constituye un hito destacado en el camino de la justicia internacional y la rendición de cuentas de los Estados por crímenes colectivos.
El fallo fue aprobado por una mayoría de nueve jueces frente a seis, después de que la Corte concluyera que las operaciones militares excedieron los límites de las medidas de seguridad justificadas por las autoridades de Myanmar para enfrentar a grupos armados, convirtiéndose en actos destinados a destruir parte del grupo rohinyá por motivos de su identidad étnica y religiosa.
La Corte confirmó que las fuerzas de seguridad cometieron asesinatos a gran escala, actos de violencia sexual y graves violaciones contra niños, además de atacar a civiles mientras intentaban huir de las zonas de conflicto. Se estimó que cerca de diez mil personas rohinyás fueron asesinadas durante las operaciones militares registradas en la región.
El origen del caso se remonta al año 2019, cuando Gambia presentó una demanda ante la Corte con el apoyo de la Organización para la Cooperación Islámica, acusando a Myanmar de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, establecida en 1948.
La decisión no se limitó a establecer la responsabilidad legal, sino que obligó a Myanmar a tomar medidas para reparar el daño, incluyendo la investigación de los crímenes y la rendición de cuentas de los responsables, el pago de indemnizaciones a las víctimas y la creación de condiciones que permitan el retorno voluntario, seguro y digno de los refugiados a sus regiones de origen.
El fallo adquiere una importancia adicional al ser la primera decisión de la Corte Internacional de Justicia que establece la responsabilidad directa de un Estado por la comisión de un genocidio, en un momento en que la Corte sigue examinando otros casos relacionados con acusaciones similares en diversas zonas de conflicto.
Aunque las sentencias de la Corte son definitivas y legalmente vinculantes, su ejecución sigue dependiendo del compromiso del Estado involucrado y de las interacciones diplomáticas dentro de las Naciones Unidas, especialmente dado que la Corte no posee una fuerza ejecutiva independiente para obligar a los Estados a cumplir sus decisiones.
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