El Tribunal Supremo Federal de los Emiratos Árabes Unidos ha devuelto a la instancia judicial un litigio financiero entre un banco, un cliente y su avalista, tras anular una sentencia de apelación que les obligaba solidariamente a pagar cuatro millones 414 mil 734 dirhams, debido a deficiencias en el examen de alegaciones legales y contables determinantes para fijar la deuda.
Los detalles del caso, según lo publicado por el diario «Emarat Al Youm» el viernes 13 de noviembre de 2026, se remontan a un acuerdo suscrito por el banco con un cliente bajo la modalidad de arrendamiento financiero con opción a compra, que incluía una cuota del 56,82 por ciento de un inmueble compuesto por una planta baja, seis plantas superiores y un ático.
El acuerdo estipulaba un periodo de arrendamiento de diez años, con una renta fija que sumaba siete millones de dirhams, además de una renta variable vinculada al índice de tipos de interés interbancarios de los EAU «EIBOR» a seis meses, al que se añadía un margen del 3,5 por ciento, con un mínimo del 6 por ciento, además de otros costes especificados en el contrato.
El banco alegó que el cliente incumplió sus obligaciones financieras y se retrasó en el pago de las cuotas, a pesar de haber recibido facilidades que incluyeron el aplazamiento de tres cuotas, lo que llevó a la entidad bancaria a reclamar la suma de cuatro millones 868 mil 680 dirhams, además de otros importes y compensaciones vinculadas al retraso en el pago.
El tribunal de primera instancia había dictaminado obligar al cliente y al avalista a pagar cuatro millones 414 mil 734 dirhams, junto con las tasas, gastos judiciales y honorarios de abogados, antes de que el tribunal de apelación ratificara dicha sentencia.
Sin embargo, los condenados recurrieron la decisión, objetando el método de cálculo de la deuda y la imputación de los pagos realizados a los intereses antes que al principal, insistiendo además en el incumplimiento de los procedimientos de notificación por impago conforme a la ley.
El Tribunal Supremo Federal subrayó que la legislación emiratí prohíbe el cobro de intereses compuestos sobre las facilidades financieras, basándose en las disposiciones legales que regulan las instituciones financieras y las transacciones comerciales, señalando además la necesidad de examinar el grado de cumplimiento de los procedimientos de notificación en los contratos de arrendamiento financiero.
El tribunal consideró que la sentencia recurrida no abordó las objeciones fundamentales al informe pericial contable y no verificó suficientemente las alegaciones relativas a la notificación y al método de determinación de la deuda, lo que constituye una falta de motivación y un error en la aplicación de la ley.
En consecuencia, el tribunal decidió anular la sentencia y devolver el caso al tribunal que la dictó para su revisión, sin que esta decisión implique la condonación de la deuda ni la exención definitiva de las partes de sus obligaciones financieras, ya que la determinación de los importes adeudados queda sujeta a lo que resulte del nuevo juicio.
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