En Ginebra, en la madrugada del sábado 21 de noviembre de 2026, concluyeron las arduas negociaciones internacionales sobre la regulación de las armas letales que funcionan con inteligencia artificial, con un acuerdo limitado que extiende las discusiones por dos años más, en medio de diferencias entre las grandes potencias militares y los países que exigen establecer normas legales vinculantes que impidan a las máquinas tomar decisiones de matar sin supervisión humana.
El acuerdo se alcanzó tras negociaciones que duraron toda la noche, al cierre de la Séptima Conferencia de Revisión de la Convención de las Naciones Unidas sobre Ciertas Armas Convencionales, que comenzó el lunes pasado con la participación de delegaciones de todo el mundo.
La agencia Reuters reveló que cerca de cien países apoyaron el establecimiento de controles legales vinculantes para el uso de sistemas de combate autónomos; sin embargo, la oposición de Estados Unidos, Rusia e Israel impidió alcanzar un compromiso claro para concluir un tratado internacional en el próximo periodo.
Estos sistemas incluyen armas capaces de identificar objetivos y enfrentarlos con diversos grados de autonomía, basándose en algoritmos y sensores, lo que plantea interrogantes legales y éticos sobre la responsabilidad ante errores que podrían causar víctimas civiles.
El presidente de la conferencia, el embajador suizo Julien Thöni, elogió el acuerdo como un paso que permite continuar la cooperación multilateral, mientras que organizaciones de derechos humanos expresaron su decepción por no haber alcanzado medidas más firmes.
La campaña «Stop Killer Robots» advirtió que retrasar la redacción de normas legales vinculantes podría aumentar los riesgos asociados con el desarrollo de esta tecnología y su proliferación en los conflictos armados.
Campaña «Stop Killer Robots»
El tema adquiere una importancia excepcional con la expansión del uso de drones y sistemas militares respaldados por inteligencia artificial en Ucrania, Sudán y Oriente Medio, donde la tecnología se ha convertido en un elemento de creciente influencia en las operaciones de combate.
El estancamiento de las negociaciones revela una brecha creciente entre la velocidad del desarrollo tecnológico y la capacidad de las instituciones internacionales para regularlo, especialmente cuando las demandas de protección civil chocan con los intereses estratégicos de las potencias militares.
Mientras las conversaciones continuarán hasta el año 2028, la pregunta que enfrenta la comunidad internacional sigue siendo hasta qué punto es posible mantener la decisión humana como base para el uso de la fuerza letal, antes de que las armas autónomas se conviertan en una realidad difícil de someter a normas internacionales comunes.
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