España vivió, el miércoles 11 de noviembre de 2026, una huelga general que se extendió por todo el país, en protesta por el agravamiento de la crisis de la vivienda, el aumento del coste de la vida y la pérdida de poder adquisitivo, en una amplia movilización sindical que ha devuelto las protestas sociales al centro de la escena española, a menos de tres semanas de las elecciones legislativas anticipadas previstas para el 29 de noviembre.
La huelga comenzó a medianoche y se prolongó durante veinticuatro horas, convocada por las principales organizaciones sindicales, encabezadas por la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), junto a otros sindicatos y asociaciones de inquilinos. Se trata de la primera huelga general que vive el país desde el año 2012, cuando los trabajadores se manifestaron contra las medidas de austeridad derivadas de la crisis de la deuda europea.
Las demandas fundamentales de los manifestantes se centran en la adopción de medidas urgentes para frenar el aumento de los precios de los alquileres, ampliar la oferta de vivienda pública y mejorar los salarios en consonancia con el coste de la vida, además de reducir la jornada laboral, combatir la precariedad profesional y reforzar la calidad de los servicios públicos.
El transporte y la movilidad se vieron afectados en varias ciudades españolas, con las autoridades estableciendo servicios mínimos para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales. En Madrid, se decidió operar el 80 por ciento de los trenes de metro durante las horas punta y el 50 por ciento durante el resto del día, mientras que los servicios mínimos para los trenes de cercanías se fijaron en el 75 por ciento en hora punta y el 50 por ciento fuera de ella.
Las medidas organizativas se extendieron al sector aéreo, donde los servicios mínimos oscilaron entre el 18 y el 85 por ciento, dependiendo del tipo de vuelo y las alternativas disponibles, mientras que se registraron alteraciones variables en diversas actividades económicas y de servicios debido a la participación de los trabajadores en la huelga.
En Madrid se produjeron tensiones entre la policía y los participantes en una concentración sindical en el mercado central «Mercamadrid», después de que el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, acusara a las fuerzas de seguridad de obstaculizar el ejercicio del derecho constitucional a la huelga, acusaciones que no han podido ser verificadas de forma independiente.
Por otro lado, sectores políticos y económicos criticaron el momento elegido para la movilización, especialmente ante la proximidad de la cita electoral, mientras que los sindicatos sostuvieron que la crisis social no puede esperar a después de las elecciones y que el derecho a la vivienda y a un salario digno trasciende los cálculos partidistas.
La huelga se produce en un momento en que el gobierno de Pedro Sánchez enfrenta presiones crecientes debido a la crisis de la vivienda, que se ha convertido en uno de los temas más influyentes en la vida cotidiana de los españoles, especialmente en las grandes ciudades, donde el aumento constante de los alquileres y los precios inmobiliarios ha dificultado el acceso a una vivienda adecuada para jóvenes y familias de bajos ingresos.
La amplia participación sindical y social en la movilización refleja la creciente interconexión entre las demandas profesionales y las cuestiones de subsistencia, ya que las protestas ya no se limitan a los salarios y las condiciones laborales, sino que se han extendido a la exigencia de políticas de vivienda que garanticen que los ingresos familiares no se vean absorbidos por los costes del alquiler.
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