Australia se encamina hacia un debate legislativo sin precedentes sobre la responsabilidad penal de las empresas de desarrollo de inteligencia artificial, tras anunciar el gobierno federal que estudia la creación de un nuevo delito legal dirigido a las empresas que no adopten medidas razonables para prevenir los daños derivados de sus sistemas digitales.
El anuncio se produjo tras una revisión gubernamental de un incidente de piratería que afectó al portal de estadísticas del programa de salud australiano «Medicare» el pasado septiembre, lo que suscitó interrogantes sobre los límites de la responsabilidad legal de las empresas desarrolladoras de modelos de inteligencia artificial cuando estos se utilizan en actividades perjudiciales.
El gobierno del primer ministro Anthony Albanese estudia la posibilidad de imponer responsabilidad penal a las empresas que no impidan comportamientos dañinos previsibles, además de crear un organismo regulador especializado con facultades para imponer multas cuantiosas a los infractores.
Los expertos jurídicos consideran que esta medida podría transformar la relación entre las empresas tecnológicas y la sociedad, pasando de limitarse a castigar al usuario que emplea la tecnología de forma ilícita a examinar la responsabilidad de la empresa desarrolladora en cuanto a las medidas de prevención y seguridad.
Sin embargo, el proyecto se enfrenta a desafíos legales, principalmente cómo demostrar la negligencia y determinar el daño previsible, así como distinguir entre el uso delictivo cometido por un tercero y la negligencia que puede atribuirse a la empresa.
Estas propuestas aún no se han convertido en legislación vigente, y la Policía Federal no ha anunciado la apertura de una investigación penal sobre el incidente que motivó la revisión. No obstante, el simple hecho de plantear la responsabilidad penal de esta manera refleja una tendencia internacional creciente hacia someter a la inteligencia artificial a una supervisión más estricta, especialmente ante la expansión de sus capacidades y su impacto en la seguridad, la economía y los servicios públicos.
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