El caso de la venta de títulos de máster en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la Universidad Ibn Zohr de Agadir ha experimentado un nuevo giro judicial, después de que la Sala de lo Penal de Apelaciones, encargada de los delitos económicos en el Tribunal de Apelación de Marrakech, dictara a última hora de la tarde del jueves 12 de noviembre de 2026, sentencias que endurecen las penas impuestas a varios de los acusados, además de establecer consecuencias financieras y patrimoniales adicionales.
Según los detalles publicados por la prensa marroquí la mañana del viernes 13 de noviembre, el órgano judicial decidió aumentar la pena de prisión impuesta al profesor universitario, principal acusado en el caso, de cuatro años a siete años de prisión firme, mientras que la pena impuesta a un segundo acusado se elevó de cuatro a cinco años de prisión firme.
Las modificaciones se extendieron a otros implicados, ya que el tribunal dictaminó aumentar la pena de uno de ellos a dos años de prisión firme, además de anular la sentencia de primera instancia que había absuelto a otro acusado, declarándolo culpable y condenándolo a dos años de prisión firme y una multa de 20.000 dirhams.
Las resoluciones judiciales no se limitaron a las penas privativas de libertad, sino que también incluyeron la confiscación de un bien inmueble registrado a nombre de la esposa del profesor universitario en favor del dominio privado del Estado, en el marco de las disposiciones relacionadas con el aspecto financiero del caso.
En la acción civil derivada, el tribunal decidió elevar el valor de la indemnización debida al Estado marroquí, en su calidad de parte civil, a un millón quinientos mil dirhams, imponiendo a los condenados el pago de dicha cantidad de forma solidaria, según los datos publicados sobre la decisión de apelación.
El caso se remonta a procesos judiciales relacionados con sospechas de soborno, tráfico de influencias y manipulación en los procedimientos de acceso a los programas de máster, hechos que han suscitado un amplio interés debido a su impacto en la credibilidad de los títulos universitarios y el principio de igualdad de oportunidades entre los estudiantes.
La Sala de lo Penal de Primera Instancia encargada de los delitos económicos en Marrakech había dictado sus primeras sentencias durante el mes de abril de 2026, antes de que el expediente fuera revisado ante la Sala de Apelaciones, que concluyó con el endurecimiento de varias penas y la modificación de algunas disposiciones financieras.
A pesar de la finalización de la fase de apelación, la resolución judicial sigue siendo susceptible de recurso de casación conforme a las condiciones y plazos legales, lo que requiere distinguir entre la emisión de las sentencias de apelación y su carácter definitivo tras agotar las vías de recurso disponibles legalmente.
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