El encarecimiento de la vida en Marruecos ya no es solo una cifra anunciada por las instituciones económicas, sino que se ha convertido en una obsesión diaria que persigue a las familias en mercados, comercios y gasolineras, a medida que el coste de los alimentos y servicios básicos consume una parte creciente de los presupuestos familiares. Entre el aumento de los precios de las verduras, la carne y los combustibles, y la limitación de los ingresos, miles de marroquíes se enfrentan a una difícil ecuación: cómo cubrir las necesidades vitales sin caer en la espiral de la deuda.
Los datos más recientes del Alto Comisionado de Planificación revelan la profundidad de esta crisis social, ya que el 95,9 por ciento de los hogares, durante el tercer trimestre de 2026, declaró haber notado un aumento en los precios de los productos alimenticios en los últimos doce meses, mientras que el 76,3 por ciento consideró que su nivel de vida se deterioró durante el mismo periodo. Lo más preocupante es que el 39 por ciento de las familias ha recurrido al endeudamiento o al agotamiento de sus ahorros para cubrir sus gastos, frente al 58,2 por ciento que apenas logra cubrir sus necesidades con sus ingresos, mientras que la proporción de quienes pueden ahorrar no supera el 2,8 por ciento.
A pesar de registrar una tasa de inflación anual limitada del 0,5 por ciento durante septiembre de 2026, el índice general de precios aumentó un 1 por ciento en comparación con el mes de agosto, impulsado por el incremento de los precios de los alimentos en un 1,6 por ciento. La carne y las verduras registraron un aumento mensual del 4,3 por ciento cada una, mientras que los precios de la leche, sus derivados y los huevos subieron un 1,6 por ciento, y los combustibles un 2 por ciento.
Estas cifras revelan una clara paradoja económica: la ralentización de la inflación anual no significa necesariamente que los precios vuelvan a sus niveles anteriores, y el índice promedio oculta grandes disparidades entre productos. Los productos alimenticios registraron una caída anual del 2,5 por ciento durante septiembre, a pesar de su aumento mensual, lo que explica la diferencia entre los indicadores oficiales y la experiencia diaria de algunos consumidores.
Las presiones se intensificaron a principios de noviembre, después de que el precio del gasóleo saltara a cerca de 17 dirhams por litro en varias gasolineras, mientras que el precio del tomate superó los 14 dirhams por kilogramo en algunos mercados, en medio del aumento de los costes de transporte, producción y distribución.
La ola de encarecimiento no se debe a una sola causa, sino a la interacción de factores internos y externos, principalmente la volatilidad de la producción agrícola debido a las condiciones climáticas y las enfermedades que afectan a algunos cultivos, la exportación, y el aumento de los precios de los fertilizantes y la energía, además de los costes de transporte y la multiplicidad de intermediarios entre el productor y el consumidor. Asimismo, las perturbaciones en los mercados internacionales contribuyen a aumentar las presiones sobre una economía que importa una parte importante de sus necesidades energéticas.
En un desarrollo que refleja la sensibilidad de la situación, las autoridades marroquíes decidieron, el jueves 5 de noviembre, suspender temporalmente la exportación de tomates hacia los mercados africanos, con el objetivo de apoyar el suministro del mercado interno y frenar el aumento de los precios, exceptuando los envíos destinados a Europa. La decisión se produjo en un contexto de caída de la productividad en la región de Souss-Massa y el aumento de los costes de fertilizantes y combustibles, aunque su efecto real en los precios de venta al consumidor aún no está claro.
Si los precios representan una faceta de la crisis, la debilidad del poder adquisitivo constituye la otra. El Alto Comisionado de Planificación reveló que la tasa de desempleo alcanzó el 10,5 por ciento durante el tercer trimestre de 2026, frente al 30,5 por ciento entre los jóvenes de 15 a 24 años, indicadores que reflejan la dificultad de mejorar los ingresos de amplios sectores de la sociedad.
Las repercusiones del encarecimiento van más allá de las mesas familiares y afectan a los estilos de vida, empujando a algunas familias a reducir el consumo de carne y pescado, posponer gastos de salud o la compra de electrodomésticos, y reordenar sus prioridades entre alimentación, vivienda, educación y transporte. Estas presiones se intensifican en los hogares de ingresos limitados, que destinan una gran parte de sus recursos a cubrir lo esencial.
Por otro lado, el Gobierno asegura que continúa el apoyo al transporte y el desarrollo de mecanismos de distribución de productos alimenticios, aunque la eficacia de estas medidas sigue dependiendo de su impacto en los precios finales en los mercados.
Esta situación obliga a pensar en soluciones que vayan más allá de las intervenciones coyunturales, mediante el refuerzo del control de la competencia y la transparencia en los márgenes de beneficio, la mejora de las redes de distribución, el apoyo a la producción agrícola destinada al consumo local y el desarrollo de la protección social, además de la creación de oportunidades de empleo y la mejora de los ingresos reales de las familias.
Porque el encarecimiento no es solo un desequilibrio económico pasajero, sino una cuestión social que afecta a la estabilidad vital y a la dignidad del ciudadano.
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